¡Pleitos tengas y los ganes!, reza la antigua maldición. Es decir, aunque te den al fin la razón, nadie te ahorrará gastos, dilaciones, disgustos y quebrantos de todo tipo. Esta es una percepción habitual del efecto que puede producir en la vida de los ciudadanos un roce con la Administración de Justicia.
Al respecto tan sólo quiero dejar constancia de mi asombro por la ausencia del tema en la discusión política habitual: casi nadie pide mejor gestión de la Justicia (todo suele quedar en las consabidas exigencias de educación y sanidad) y casi nunca su mejora suele ser una promesa de quienes aspiran al poder. Del mismo modo, tampoco se exigen responsabilidades cuando, al final de la legislatura, los juzgados siguen atascados, las citaciones continúan siendo ininteligibles, las leyes no se han actualizado... La justicia parece ser el pariente pobre de unos gobernantes siempre dispuestos a la modernización y la reforma.
Al respecto tan sólo quiero dejar constancia de mi asombro por la ausencia del tema en la discusión política habitual: casi nadie pide mejor gestión de la Justicia (todo suele quedar en las consabidas exigencias de educación y sanidad) y casi nunca su mejora suele ser una promesa de quienes aspiran al poder. Del mismo modo, tampoco se exigen responsabilidades cuando, al final de la legislatura, los juzgados siguen atascados, las citaciones continúan siendo ininteligibles, las leyes no se han actualizado... La justicia parece ser el pariente pobre de unos gobernantes siempre dispuestos a la modernización y la reforma.
Probablemente hace tiempo que el desánimo ha ido generalizándose y ha llevado a un desfondamiento acerca de la posibilidad misma de lograr alguna mejora. Esto en cuanto a los ciudadanos. El silencio de los políticos y gobernantes, por el contrario, me parece de muy difícil justificación: resulta muy llamativo que la ineficacia se concentre precisamente en una materia como la Justicia, reservada íntegramente al Estado por expreso mandato constitucional.
En efecto, a diferencia de las prestaciones educativas o sanitarias, la Justicia corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales, dando lugar a un estricto monopolio estatal en todas sus manifestaciones, sin delegación posible ni siquiera en funciones auxiliares o de gestión. Por eso, su mal funcionamiento carece de paliativos y evidencia una responsabilidad que corresponde por entero al Estado.
A lo delicado de los asuntos que se ventilan a diario en este ámbito, a las consecuencias que su funcionamiento deficiente puede acarrear a los ciudadanos en numerosas facetas de la vida debería añadirse, pues, la necesidad de convertirla en ejemplo de los tan cacareados servicios públicos de calidad.
Para acabar, otro conocido refrán: Quien mucho abarca, poco aprieta. Y es que, en mi opinión, la recuperación de un cierto prestigio por parte de la Administración del Estado pasa por comenzar a desempeñar con solvencia, en primer término, las cuestiones que tiene encomendadas de modo exclusivo.
